Desde Argentina a Panamá, varios funcionarios públicos se han visto obligados a renunciar ante crecientes reportes sobre la compra fraudulenta de respiradores, mascarillas y otros suministros médicos. Las operaciones se caracterizan por unos precios hinchados por los fabricantes y beneficios para intermediarios con conexiones políticas, que ven la crisis como una oportunidad para desviar fondos públicos.