Un candidato con medidas de coerción

Por R. Reyes-Canario

 

En junio de 2018 los periódicos informaban de una presunta defraudación por RD$1,000 millones contra la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), uno de los procesos legales más gruesos de la entidad recaudadora en los últimos años, después del que involucra a la familia Tremols por unos RD$4,127.5 millones.

Pocos días después, el juez coordinador de los Juzgados de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, dictaba medidas de coerción contra una imputada en el caso, la señora Estrella Barriola Varela, gerente de la empresa Don Metal.

Uso de facturas falsas con valor fiscal, emitidas por compañías ficticias, en perjuicio del Estado, fue el motivo de DGII para llevar el asunto a los tribunales.

Más adelante, casi terminando el citado mes, cae otro acusado, identificado en los medios como Antonio Mota Ramírez, gestor y propietario de Don Metal.

La acción del mismo juez no se hizo esperar y le impuso como medida de coerción un brazatele electrónico, impedimento de salida del país y garantía económica.

¿Quién es Antonio Mota Ramírez? Es el mismo Saury Mota, actual candidato a diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) por la provincia Hato Mayor, quien se promueve con el eslogan “Merecemos el desarrollo.” ( Ver su linkedin: https://www.linkedin.com/in/saury-mota-8126b5102/?originalSubdomain=do )

Otra evidencia que demuestra que Antonio y Saury es la misma persona, es su cuenta de twitter, donde tienen como foto de perfil la fachada de la empresa Don Metal: https://twitter.com/saurymota?lang=es

Es decir, estamos ante un candidato subjúdice, con un proceso legal vigente y bajo serias acusaciones. Es obvio que la presunción de inocencia deberá acompañarle hasta que se produzca la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.

Si sale electo diputado y el caso no se diluye con el cambio de Gobierno, Mota tendría entonces una jurisdicción privilegiada para ser juzgado: La Suprema Corte de Justicia.

La emergencia impuesta por el COVID-19 y, como consecuencia de esto, la parálisis en el aparato judicial, ha impedido que el proceso contra estos imputados avance. Ha apelado y se le han confirmado las medidas.

Una mínima gota de moral en el PRD -aliado del gobernante PLD- hubiese sido suficiente para no propiciar la candidatura de este señor –y mucho menos ir a inscribirla a la Junta Central Electoral (JCE)- sin que la situación se aclarara.

Pero, como dijo Cuquín Victoria, este es un país muy especial. Así, en nuestras cámaras legislativas suelen colarse “honorables” que vienen de las más sórdidas historias para convertirse en representantes nuestros. Qué barbaridad.

1 comentario

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1 Comentario

  • Julio
    11 mayo 2020, 8:26 am

    Pobre país, pobre justicia, rica la corrupción.🤦🏿‍♂️

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