Por Marino Zapete

El informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre los motivos de la suspensión de las elecciones municipales del 16 de febrero en República Dominicana dejó muy mal parado a Danilo Medina y sus amanuenses.

Danilo puso al director general de la Policía, Ney Aldrín Bautista, y al procurador general de la Republica, Jean Alain Rodríguez, a sacar lo peor de ellos para tratar fabricarle un expediente al candidato del Partido Revolucionario Moderno e intentar reducir sus posibilidades de ganar las próximas elecciones.

Como el propio Medina lo dijo, tiró una vez más todos los escrúpulos en el zafacón, validando hasta la tortura para lograr sus objetivos.

La tortura se define como “un castigo físico o psíquico infligido a una persona con el fin de mortificarla o para que confiese algo”. Y eso fue lo que hizo la Policía Nacional y el Ministerio Publico con el coronel Ramón Guzmán Peralta y el técnico de la telefónica Claro, Manuel Antonio Regalado, para que admitieran ser parte de una supuesta trama del candidato del PRM para alterar los resultados de las elecciones.

Después de privar de su libertad de manera ilegal y torturar por dos días a Guzmán y a Regalado, el 20 de febrero, las autoridades convocaron a una rueda de prensa para ofrecer los resultados de “su profunda investigación”.

Aquí les copiamos parte de aquel histórico documento:

Por este medio informamos que se ha obtenido una orden de arresto que ha sido ejecutada en el día de hoy contra el coronel Ramón A. Guzmán Peralta y el técnico de la compañía telefónica Claro, Manuel Antonio Regalado.

Precisamos que hemos logrado extraer los datos de los teléfonos que les fueron ocupados a estas dos personas y hemos confirmado de forma científica y sin margen de error  que los mismos,  tanto el coronel Ramón A. Guzmán Peralta como el técnico Manuel Antonio Regalado, no solamente tenían informaciones sobre los actos descritos sino que además apoyaban y colaboraban con los supuestos autores principales del sabotaje a las elecciones.

El informe de la auditoría que presentó la OEA dice que eso es mentira.